Las condiciones generales de contratación permiten estandarizar operaciones comerciales entre empresas, pero no son automáticamente válidas en contratos B2B. Para tener efectos jurídicos, deben superar el control de incorporación, que exige que la contraparte haya tenido la posibilidad real de conocer las cláusulas y que estas estén redactadas de forma clara y comprensible, conforme a la Ley 7/1998.
La cuota de liquidación in natura permite que, al disolverse una sociedad, los socios reciban bienes concretos del patrimonio social en lugar de dinero. Es una figura prevista por el derecho societario español que busca una liquidación equitativa y eficiente.
Analizamos el marco jurídico relativo al nombramiento de auditores en las sociedades de capital en España, destacamos los supuestos en los que la auditoría es obligatoria y exponemos las principales ventajas de la auditoría de cuentas voluntaria.
La cesión de créditos es un mecanismo válido y ampliamente extendido en la práctica económica-jurídica en España, por el cual un acreedor (cedente) transmite a un tercero (cesionario) un derecho de crédito que ostenta frente a una determinada persona (deudor cedido).
En España, las empresas han incorporado las reuniones telemáticas e híbridas tras la pandemia, respaldadas por cambios legislativos que permiten la participación remota de accionistas y consejeros. Para poder celebrarlas, deben modificar sus estatutos y garantizar la identidad, legitimidad y comunicación efectiva entre los participantes.
En 2023 y 2024, el Tribunal Supremo ha flexibilizado la deducibilidad de las retribuciones de los administradores en España, priorizando la justificación y vinculación empresarial de los gastos sobre los requisitos formales.
La homologación judicial de un plan de reestructuración se erige como un instrumento crucial para el deudor, permitiéndole blindarse en diversos aspectos que resultan esenciales para garantizar su supervivencia.
La unidad económica hace referencia al conjunto de elementos activos y pasivos que conforman una “empresa” o “unidad productiva autónoma” dentro de la misma. La transmisión de una verdadera unidad económica es precisamente el requisito esencial de la escisión parcial.
En lo que se refiere a la resolución de contratos con obligaciones recíprocas en el marco de la declaración del concurso, la normativa en España distingue entre los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por una de las partes y los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por ambas partes.
La comunicación del crédito por parte del acreedor extranjero debe realizarse en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE de la declaración del concurso y debe efectuarse, por regla general, en castellano. Aunque no está obligado a ello, es recomendable que el acreedor extranjero efectúe dicha comunicación a efectos de su calificación y posterior satisfacción.
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