La declaración del concurso en España conlleva su consideración como “concurso principal”. Ello implica que comprende todos los bienes del deudor, independientemente de si se encuentran o no en España y que será, salvo determinadas excepciones, será aplicable la ley española.
La normativa concursal en España enumera las conductas que determinan la responsabilidad de los administradores en el concurso. Entre las consecuencias de tales conductas figuran la inhabilitación, la pérdida de derechos asociados a la posición de acreedor concursal o la condena a cubrir el déficit concursal.
En tiempos de la pandemia COVID 19, el arbitraje resalta como una alternativa útil para la resolución de los conflictos jurídicos entre empresas, frente a la jurisdicción ordinaria, la cual ha sufrido una ralentización evidente en sus procesos y no brinda una respuesta rápida y eficaz a los operadores del mercado, ante el colapso de sus órganos judiciales y las deficiencias generales del proceso.
Las aportaciones no reintegrables de socios constituyen un mecanismo eficaz e inmediato para inyectar fondos en una sociedad. Su finalidad puede ser la de reequilibrar el patrimonio social, proveer de liquidez a la sociedad, o acometer algún proyecto concreto. A diferencia de los aumentos de capital, no requieren de formalización en escritura pública, ni de inscripción en el Registro Mercantil.
En la siguiente nota informativa abordamos el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, y se efectúa una revisión de su estructura y principales características.
Nota informativa sobre el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, especialmente en lo relativo a las medidas en materia concursal.
La Ley Concursal en España obliga a las empresas en estado de insolvencia, es decir aquellas que no pueden hacer frente a sus pagos, a solicitar la declaración del concurso de acreedores.
La Ley Concursal en España regula los aspectos básicos y los plazos en que las empresas deben solicitar el concurso de acreedores, cuando su situación no les permite hacer frente a sus obligaciones de pago.
De aplicación generalizada en las operaciones de M&A, las cláusulas MAC son un instrumento de gran utilidad dado que, por regla general, permiten al comprador desistir de la operación en caso de cambios significativos adversos que frustren el fin económico del contrato.
En España, la Ley Concursal prevé la tramitación de un concurso de acreedores express para aquellas empresas que no posean bienes ni activos (o que sean de carácter residual), con el correspondiente ahorro de tiempo y costes que podría suponer la tramitación de un concurso ordinario.
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