Actualmente, en España no existe demasiada normativa aplicable al sector de las criptomonedas. Concurre un cierto vacío legal de manera que las empresas dedicadas a operar con criptomonedas no están sujetas a supervisión o control estricto por parte de los entes públicos.
La moratoria concursal vigente en España desde el 14 de marzo de 2020 y prorrogada en varias ocasiones, finaliza el 30 de junio de 2022.
Una vez iniciado el procedimiento concursal, el acreedor dispone del plazo de un mes para comunicar los créditos frente al deudor insolvente.
En lo que se refiere a la resolución de contratos con obligaciones recíprocas en el marco de la declaración del concurso, la normativa en España distingue entre los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por una de las partes y los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por ambas partes.
La comunicación del crédito por parte del acreedor extranjero debe realizarse en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE de la declaración del concurso y debe efectuarse, por regla general, en castellano. Aunque no está obligado a ello, es recomendable que el acreedor extranjero efectúe dicha comunicación a efectos de su calificación y posterior satisfacción.
La declaración del concurso en España conlleva su consideración como “concurso principal”. Ello implica que comprende todos los bienes del deudor, independientemente de si se encuentran o no en España y que será, salvo determinadas excepciones, será aplicable la ley española.
La normativa concursal en España enumera las conductas que determinan la responsabilidad de los administradores en el concurso. Entre las consecuencias de tales conductas figuran la inhabilitación, la pérdida de derechos asociados a la posición de acreedor concursal o la condena a cubrir el déficit concursal.
En tiempos de la pandemia COVID 19, el arbitraje resalta como una alternativa útil para la resolución de los conflictos jurídicos entre empresas, frente a la jurisdicción ordinaria, la cual ha sufrido una ralentización evidente en sus procesos y no brinda una respuesta rápida y eficaz a los operadores del mercado, ante el colapso de sus órganos judiciales y las deficiencias generales del proceso.
Las entidades de dinero electrónico son empresas autorizadas por el Banco de España cuya actividad principal radica en transformar el dinero de sus clientes en dinero electrónico para su uso en determinadas transacciones.
Las aportaciones no reintegrables de socios constituyen un mecanismo eficaz e inmediato para inyectar fondos en una sociedad. Su finalidad puede ser la de reequilibrar el patrimonio social, proveer de liquidez a la sociedad, o acometer algún proyecto concreto. A diferencia de los aumentos de capital, no requieren de formalización en escritura pública, ni de inscripción en el Registro Mercantil.