Nota informativa sobre el Real Decreto-Ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que introduce modificaciones a los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020.
En el año 2011 la entidad Bankia realizó una oferta pública de acciones (OPS), cuyo folleto explicativo, único cauce informativo para los pequeños inversores, falseaba la veracidad de las cuentas de la entidad. Cinco años después el Tribunal Supremo ratifica la nulidad de la adquisición de acciones.
El nuevo Reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil es un paso más en el proceso de integración europea en el ámbito de la Administración de Justicia, ya que simplifica y acelera la ejecución de resoluciones dictadas en otro estado miembro de la Unión Europea.
Con la publicación en España de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria se pretende descongestionar los juzgados de lo mercantil, atribuyendo nuevas competencias en materia de derecho societario a otros órganos competentes como los registradores mercantiles.
Se entiende por cesión de crédito aquel acto en virtud del cual un acreedor transmite a un tercero la titularidad de los derechos de un crédito.
La responsabilidad solidaria de una empresa matriz extranjera en relación a las reclamaciones laborales de los trabajadores de sus filiales en España, vendrá determinada por la consideración que el tribunal tenga de la relación entre matriz y filial.
La reclamación de cantidad o recobro de deudas comerciales es un procedimiento más sencillo y ágil en España que en Francia que puede llevarse a cabo a través de un procedimiento monitorio, un procedimiento cambiario, un procedimiento ordinario o una demanda de cumplimiento.
Los juzgados han dictado sentencias contra los polémicos productos financieros de alto riesgo ofrecidos por numerosos bancos, obligando al reembolso de la inversión realizada por el cliente.
El pagaré es un documento de compromiso de pago de una cantidad de dinero determinada en una fecha concreta muy utilizado en España. Se trata de un documento escrito que emite el deudor -particular, empresa o Estado- y puede ser al portador o endosable, es decir, transmisible a un tercero.
Cada vez son más frecuentes los procedimientos y demandas en España con contrarios pertenecientes a estados no hispanoblantes. En tales casos la ley en España exige la traducción de las pruebas documentales que justifican la demanda. El no cumplimiento puede desestimar la prueba documental y poner en riesgo el proceso.