En España, se han implementado cambios legislativos en la ley de extranjería para facilitar la contratación de profesionales altamente cualificados. Estos cambios implican requisitos más flexibles para las empresas y un proceso de tramitación más rápido.
El Real Decreto 901/2020 tiene como objetivos reducir la disparidad salarial y lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, estableciendo un contenido mínimo de los planes de igualdad.
Mientras que en 2021 los planes de igualdad de género y los registros salariales pasan a ser obligatorios para las empresas, los expedientes de regulación temporal de empleo se prorrogan hasta finales de mayo.
El Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva incorpora, entre otras, la obligación para las empresas de establecer un registro retributivo desagregado por sexo y por categorías profesionales.
El gobierno español ha regulado finalmente la ley sobre el teletrabajo en España, que carecía de una normativa específica y que, desde el comienzo de la pandemia, ha aumentado considerablemente.
El RD 901/2020 sobre planes de igualdad y su registro en España establece, entre otros, que todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán implantar un plan de igualdad antes del 1 de marzo de 2022.
La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha incrementado exponencialmente el trabajo a distancia y en particular el teletrabajo en España. Sin embargo, su falta de regulación puede derivar en una inseguridad jurídica tanto para la empresa como para el trabajador. Es por ello que el Gobierno se ha visto en la necesidad de regular este tipo de trabajo.
La regulación comunitaria y, por transposición, la española, permiten a la empresa el uso de la firma electrónica cualificada como instrumento plenamente eficaz y válido a nivel jurídico para firmar contratos y otros documentos laborales.
La jornada laboral a la carta pone de nuevo en jaque a las empresas en España. Más allá del impacto en la organización de jornadas y turnos, las demandas de los trabajadores pueden llegar a proporcionar garantías de indemnidad ante posibles despidos.
La modificación del artículo 34 del Estatuto de Trabajadores establece que las empresas deberán garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada laboral establecidos en el Registro de Jornada de Trabajo.
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