A pesar de que se presume que el centro de intereses de una sociedad es su domicilio social, los tribunales admiten la prueba en contrario de esta presunción por parte de los acreedores.
En España, el Gobierno ha prorrogado por tercera vez la moratoria concursal (que finalizaba el 31 de diciembre de 2021) hasta el 30 de junio de 2022. Los deudores en situación de insolvencia no tendrán la obligación legal de solicitar la declaración de concurso hasta mediados del próximo año.
El aumento de capital por compensación de créditos permite reducir el riesgo de insolvencia y evitar la declaración del concurso de acreedores y supone una posible solución para las sociedades de capital con un pasivo muy elevado.
Aunque el Real Decreto-Ley 5/2021 2021 exonera a los administradores del deber de solicitar el concurso de acreedores de la empresa, no les dispensa de la responsabilidad de evitar la liquidación de la sociedad.
Los mecanismos pre-concursales y las medidas en el ámbito laboral, societario o procesal pueden prevenir y frenar el elevado número de solicitud de concursos que se prevé tras el fin de la moratoria concursal en España.
Los datos oficiales revelan un fuerte incremento en la solicitud de concursos en 2021. Las estimaciones apuntan a que, tras la moratoria concursal prorrogada hasta el 31 de diciembre, este número se dispare.
El Real Decreto-ley 34/2020 publicado el 18 de noviembre de 2020 establece una ampliación de la moratoria concursal (previamente establecida hasta el 31 de diciembre de 2020) hasta el 14 de marzo de 2021.
La presente nota informativa aborda las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia en España recogidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Analizamos sus capítulos y sintetizamos sus aspectos más relevantes.
El martes 5 de mayo, Mariscal & Abogados ha participado en el Webinar organizado por la Cámara de Comercio Alemana: El preconcurso y el concurso como salvavidas en tiempos de crisis. Ante la situación de crisis generada por la COVID-19, el procedimiento concursal supone una solución jurídica para minimizar los riesgos tanto de las empresas […]
El Real Decreto-Ley 8/2020 modifica determinadas obligaciones de los administradores sociales cuando concurra causa legal o estatutaria de disolución o la sociedad se encuentre en estado de insolvencia.