Guillermo Contreras

SPV y Project Finance de centros de datos: estructura jurídica y bancabilidad

Los proyectos de centros de datos requieren inversiones intensivas que encuentran en el project finance su modelo ideal de financiación. A través de SPVs, se aíslan riesgos, se estructuran contratos estratégicos y se garantiza la bancabilidad del proyecto, especialmente en un entorno donde la previsibilidad de flujos de caja resulta determinante.

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Los acuerdos de interoperabilidad en la recarga de vehículos en España

El Real Decreto 184/2022 regula la recarga de vehículos eléctricos en España. Los acuerdos de interoperabilidad y el uso del protocolo OCPI Control facilitan un acceso flexible a múltiples redes, garantizan la transparencia, una facturación precisa y fomentan la eficiencia, la competencia y una movilidad eléctrica sostenible.

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Marco jurídico de los proveedores de servicios de recarga de vehículos eléctricos en España: CPO, EMSP y acuerdos de interoperabilidad

El Real Decreto 184/2022 configura al operador de puntos de recarga (CPO) y a la empresa proveedora de servicios de movilidad eléctrica (EMSP) como sujetos regulados del sistema eléctrico, con derechos, obligaciones y responsabilidades propias. Cada modalidad de prestación del servicio exige una estructuración contractual clara en materia de responsabilidad, facturación e interoperabilidad.

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Almacenamiento de Energía en España: Marco regulatorio

El almacenamiento de energía es un elemento esencial en la transición hacia un sistema energético más sostenible. Exploramos el marco regulatorio vigente en España y analizamos los métodos de almacenamiento de energía y las condiciones específicas para su implementación.

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El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) en España: Orígenes, Agentes y Proceso

El sistema de certificados de ahorro energético (CAE) es un mecanismo que incentiva la inversión de las empresas en eficiencia energética bajo la tutela del gobierno de España. Funciona a través de la emisión de certificados electrónicos (CAE), que acreditan el ahorro de energía final obtenido tras la realización de una actuación de eficiencia energética. Además, implica la creación de un nuevo mercado con relevancia económica, donde comercializar estos instrumentos con terceros.

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