La Circular 1/2021 de 20 de enero de la CNMC desarrolla un marco normativo cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso a la red de los productores de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de almacenamiento de energía. En concreto, suprime las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.
El Real Decreto-ley 23/2020 aprueba un nuevo marco en el que se especifican y contemplan una serie de hitos en el desarrollo de los proyectos energéticos en España. Destaca un mayor grado de cumplimiento y certidumbre para el mercado energético, que sin embargo implica un mayor nivel de riesgo para desarrolladores e inversores.
Los proyectos fotovoltaicos en España requieren de una fase previa a la construcción. La fase I consiste en la prestación de unos “servicios de desarrollo” basados en la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para iniciar la ejecución de la planta.
Los parques fotovoltaicos en España requieren de varios requisitos legales, entre los que se encuentran asegurar los derechos de los terrenos donde éstos se ubiquen, solicitar los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica o depositar los avales.
Los Clubes Sociales de Cannabis se constituyen como asociaciones sin ánimo de lucro y carecen de regulación específica en la legislación española. Es por ello que se encuentran en una situación de vacío legal sustituido por reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La modificación sustancial de los pliegos que rigen un concurso público concreto, requiere de un procedimiento específico que ha de ser observado por el órgano de contratación para no vulnerar los derechos de los licitadores y mantener así los principios de igualdad y transparencia.
La licitación es el procedimiento mediante el cual el órgano de contratación selecciona la oferta económicamente más ventajosa, sin negociación, sobre la base de criterios objetivos previamente indicados.
La contratación pública en España es un procedimiento muy regulado en el cual los entes públicos suscriben un contrato público con un determinado ente privado para satisfacer necesidades concretas de servicios, obras, suministros, etc.
La Ley del contrato de agencia en España no regula de forma expresa el pacto o cláusula de exclusividad entre empresario y agente. Por ello, es importante que las partes negocien adecuadamente esta cláusula para poder evitar problemas futuros.