La aprobación de la normativa temporal por parte de la UE y el Gobierno de España para agilizar la tramitación de las DIA (declaración de impacto ambiental) suponen un importante incentivo para impulsar el desarrollo de proyectos de energía renovable en España.
La condición de “comercializadora” en España es necesaria para vender o revender energía en el mercado, una actividad lucrativa, aunque gravosa en la práctica para algunos actores del mercado. El autoconsumo colectivo, o el planteamiento de una estructura contractual concreta, se desmarcan como vías alternativas a la comercialización de energía.
El CBD carece de regulación específica en España y se rige por los convenios internacionales y la fiscalización que de dicha sustancia hace la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS).
La Circular 1/2021 de 20 de enero de la CNMC desarrolla un marco normativo cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso a la red de los productores de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de almacenamiento de energía. En concreto, suprime las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.
El Real Decreto-ley 23/2020 aprueba un nuevo marco en el que se especifican y contemplan una serie de hitos en el desarrollo de los proyectos energéticos en España. Destaca un mayor grado de cumplimiento y certidumbre para el mercado energético, que sin embargo implica un mayor nivel de riesgo para desarrolladores e inversores.
Los proyectos fotovoltaicos en España requieren de una fase previa a la construcción. La fase I consiste en la prestación de unos “servicios de desarrollo” basados en la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para iniciar la ejecución de la planta.
Los parques fotovoltaicos en España requieren de varios requisitos legales, entre los que se encuentran asegurar los derechos de los terrenos donde éstos se ubiquen, solicitar los puntos de acceso y conexión a la red eléctrica o depositar los avales.
Los Clubes Sociales de Cannabis se constituyen como asociaciones sin ánimo de lucro y carecen de regulación específica en la legislación española. Es por ello que se encuentran en una situación de vacío legal sustituido por reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La modificación sustancial de los pliegos que rigen un concurso público concreto, requiere de un procedimiento específico que ha de ser observado por el órgano de contratación para no vulnerar los derechos de los licitadores y mantener así los principios de igualdad y transparencia.
La licitación es el procedimiento mediante el cual el órgano de contratación selecciona la oferta económicamente más ventajosa, sin negociación, sobre la base de criterios objetivos previamente indicados.