En caso de producirse una transmisión de empresas, en España, como en Alemania, los trabajadores habrán de ser puntualmente informados sobre fecha, motivos y consecuencias de la misma. En ningún caso supondrá la extinción del contrato laboral.
La crisis económica ha conducido al cese de la actividad de numerosas empresas. Aquellas que tenían un único cliente se han visto abocadas a resolver los contratos laborales con sus trabajadores.
El abono de bonus y primas por objetivos por parte del empresario como complementos salariales debe cumplir con los requisitos legales establecidos por ley. La normativa española ofrece al trabajador una protección muy amplia a este respecto.
El despido colectivo en España regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores deberá ser modificado en razón de su no conformidad con el derecho de la Unión Europea. Dos sentencias europeas aportan precisiones sobre el concepto.
La Directiva 92/85/CEE de la UE, adoptada en base al art. 138 del TFUE, promueve la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, en periodo de lactancia o que hubieran dado a luz recientemente.
El pacto de permanencia es un acuerdo formalizado por escrito mediante el cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios en la empresa durante un periodo de tiempo no superior a dos años. El incumplimiento de este pacto dará derecho al empresario a recibir una indemnización por daños y perjuicios.
Los convenios colectivos en España permiten fijar de forma consensuada entre trabajadores y empresa aspectos laborales tales como los salarios o el calendario de trabajo, así como adecuar las normas al sector de actividad de la empresa.
El contrato temporal en prácticas, el contrato temporal por obra y servicio o el contrato eventual por circunstancias de la producción son los tipos de contratos temporales que existen en España. Todos vienen regulados en el Estatuto de los Trabajadores y, a pesar de su carácter eventual, su resolución anticipada puede considerarse despido.
Aunque la jurisprudencia francesa no determina sobre quién recae la demostración de la realizaión de horas extraordinarias trabajadas, en España la carga de la prueba recae directamente sobre el trabajador.
Los recursos de suplicación se interponen, según establece el artículo 188 de la Ley de Procedimiento Laboral, ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.
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