Mediante la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se introduce la posibilidad de celebración de juntas generales de socios o accionistas de forma exclusivamente telemática.
La Ley de Sociedades de Capital establece determinadas acciones destinadas a proteger los derechos de los socios y accionistas minoritarios con el fin de garantizar la continuidad de la empresa.
La posibilidad de designar un administrador social extranjero es una de las cuestiones más relevantes para las personas y/o empresas extranjeras con intención de desarrollar un negocio a través de una sociedad de capital en España.
En España como en Francia la importancia creciente de los actores económicos alimenta el contencioso cuando los socios o administradores actúa de mala fe o de manera fraudulenta. Los delitos societarios en ambos países se rigen por regulaciones distintas.
La creciente importancia de las empresas, sus socios y administradores como actores económicos se ha traducido también en la proliferación de delitos societarios tales como la falsedad contable, la adopción de acuerdos abusivos o lesivos, o la denegación de los derechos societarios.
A la finalización del ejercicio los administradores de las empresas tienen la obligación de elaborar las cuentas anuales, convocar la junta general ordinaria para aprobarlas y depositarlas en el Registro Mercantil.
El 24 de mayo de 2019 se publica el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras. Tiene por objetivo adaptarlas a la normativa europea (Directiva (UE) 2017/828) en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
Cuando una sociedad extranjera decide iniciar una actividad en España por medio de una sociedad filial, tiene dos vías para hacerlo: o bien la constitución o bien la adquisición de una empresa preconstituida. La elección de una u otra dependerá de las circunstancias.
La reforma de diciembre de 2018 del artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, modifica y esclarece los requisitos necesarios del derecho de separación del socio por falta de reparto de dividendos del citado precepto.
Si bien las funciones del administrador social y las del alto directivo pueden coincidir, sus derechos y obligaciones para con la empresa difieren considerablemente. Mientras que el primero está sometido a la legislación mercantil, el segundo está sometido a la legislación laboral.
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