El concurso necesario de acreedores es el concurso que es solicitado por algún deudor que no haya recibido su crédito en los seis meses anteriores a la solicitud. Dicho concurso será obligatorio para la empresa.
Los contratos de distribución internacional en España, no tienen una regulación propia, pero presentas grandes ventajas a para el comercio y la distribución internacional.
En España, todo aquel software que se cree con la intención de utilizar datos personales de terceros, cliente, proveedores etc… debe cumplir con las exigencias establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales.
El desplazamiento temporal de trabajadores al extranjero desde España, está previsto en el Estatuto de los trabajadores y siempre que se trate de un desplazamiento durante un periodo superior a 3 meses, deberá ser preavisado al trabajador con un mínimo de 5 días laborables.
Los Incoterms son recomendaciones que hace la Cámara de Comercio Internacional, se revisan cada diez años, no son leyes y se crean con el objetivo de facilitar y estimular el comercio internacional.
En España tanto si es la empresa la que despide al trabajador como si es el propio trabajador el que se dispone a dejar el trabajo, es necesario un preaviso. El plazo mínimo suele ser de 15 días, pero habría que revisar lo que pone en el contrato laboral y en el convenio colectivo.
Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad económica del sistema de energías renovables, el Gobierno de España ha creado un nuevo Real Decreto con medidas de carácter temporal, que regulan las retribuciones y las primas recibidas por este tipo de instalaciones.
En caso de tener un cliente que no paga su deuda con la empresa, el empresario deberá en primer lugar tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, si no es posible puede comenzar un procedimiento ante los tribunales mediante un procedimiento monitorio o cambiario.
Mariscal Abogados acude a Zurich a la Business Network Switzerland para explicar las novedades de la reforma laboral Española.
Tras la reforma de la ley concursal en España, el juez podrá determinar la responsabilidad que puedan tener los administradores con el estado de insolvencia de la empresa.
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