Obtener una sentencia favorable en un país no perteneciente a la Unión Europea es solo el primer paso. Para ejecutar esa resolución y cobrar una deuda en España, es imprescindible tramitar un procedimiento de exequátur ante los tribunales españoles. En este artículo explicamos el marco legal, el tribunal competente y los requisitos clave para una ejecución eficaz.
El phishing se ha convertido en una de las formas de ciberdelincuencia más frecuentes y dañinas para empresas y entidades financieras. Determinar quién responde ante un fraude de este tipo no siempre es sencillo.
El auge del comercio electrónico y la digitalización han disparado los ataques de phishing en España. Este tipo de fraude digital pone en riesgo la seguridad, la reputación y la responsabilidad jurídica de las empresas.
La Ley Orgánica 1/2025 introduce cambios sustanciales en la reclamación de deudas en España: antes de acudir a los tribunales, las empresas deberán recurrir a MASC como la oferta vinculante confidencial, que busca acuerdos rápidos y eficaces en conflictos de créditos comerciales.
La defensa legal de un acreedor ante la intercepción de pagos por un ciberdelincuente requiere un análisis detallado del caso y la adopción de una estrategia procesal efectiva. Situaciones como los ataques «man-in-the-middle» (MitM) pueden complicar la resolución de conflictos y exigen un enfoque riguroso para salvaguardar los derechos del acreedor.
En derecho español no existe una solución definitiva y concluyente, ni sobre el criterio aplicable a la distribución de la suma máxima asegurada entre los perjudicados, ni sobre el procedimiento legal adecuado para su efectividad.
En tiempos de la pandemia COVID 19, el arbitraje resalta como una alternativa útil para la resolución de los conflictos jurídicos entre empresas, frente a la jurisdicción ordinaria, la cual ha sufrido una ralentización evidente en sus procesos y no brinda una respuesta rápida y eficaz a los operadores del mercado, ante el colapso de sus órganos judiciales y las deficiencias generales del proceso.
La presente nota informativa aborda las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia en España recogidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Analizamos sus capítulos y sintetizamos sus aspectos más relevantes.
El arbitraje, como alternativa a los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos, cuenta con unas características que la hace muy recomendable. Sus ventajas son, por un lado, la agilidad del procedimiento, por otro la libertad que ofrece para elegir elementos como el idioma del procedimiento, el lugar en el que tendrá lugar o la normativa aplicable al mismo, entre otros.
En el año 2011 la entidad Bankia realizó una oferta pública de acciones (OPS), cuyo folleto explicativo, único cauce informativo para los pequeños inversores, falseaba la veracidad de las cuentas de la entidad. Cinco años después el Tribunal Supremo ratifica la nulidad de la adquisición de acciones.
© 2026 Mariscal Abogados, S.L.P.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies