Asesoramos a nuestros clientes en sus procedimientos judiciales y arbitrales, tanto nacionales, como en aquellos conflictos transfronterizos en los que contamos con un especial grado de experiencia, que nos aporta un especial valor añadido. Contamos con mediadores dentro de nuestro equipo lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes un sistema alternativo de resolución de conflictos.
En derecho español no existe una solución definitiva y concluyente, ni sobre el criterio aplicable a la distribución de la suma máxima asegurada entre los perjudicados, ni sobre el procedimiento legal adecuado para su efectividad.
En tiempos de la pandemia COVID 19, el arbitraje resalta como una alternativa útil para la resolución de los conflictos jurídicos entre empresas, frente a la jurisdicción ordinaria, la cual ha sufrido una ralentización evidente en sus procesos y no brinda una respuesta rápida y eficaz a los operadores del mercado, ante el colapso de sus órganos judiciales y las deficiencias generales del proceso.
La presente nota informativa aborda las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia en España recogidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre. Analizamos sus capítulos y sintetizamos sus aspectos más relevantes.
El arbitraje, como alternativa a los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos, cuenta con unas características que la hace muy recomendable. Sus ventajas son, por un lado, la agilidad del procedimiento, por otro la libertad que ofrece para elegir elementos como el idioma del procedimiento, el lugar en el que tendrá lugar o la normativa aplicable al mismo, entre otros.
En el año 2011 la entidad Bankia realizó una oferta pública de acciones (OPS), cuyo folleto explicativo, único cauce informativo para los pequeños inversores, falseaba la veracidad de las cuentas de la entidad. Cinco años después el Tribunal Supremo ratifica la nulidad de la adquisición de acciones.
El nuevo Reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil es un paso más en el proceso de integración europea en el ámbito de la Administración de Justicia, ya que simplifica y acelera la ejecución de resoluciones dictadas en otro estado miembro de la Unión Europea.
Las pruebas electrónicas son válidas en el ordenamiento jurídico español y podrán admitirse en juicio si son relevantes y se han obtenido de forma lícita.
Se entiende por cesión de crédito aquel acto en virtud del cual un acreedor transmite a un tercero la titularidad de los derechos de un crédito.
El objetivo del proceso monitorio es la resolución rápida de reclamaciones de cantidad. Se trata de un procedimiento muy útil para pequeños empresarios y pymes en la reclamación de deudas comerciales dada su rapidez y sencillez. En España requiere de una prueba documental.
Cada vez son más frecuentes los procedimientos y demandas en España con contrarios pertenecientes a estados no hispanoblantes. En tales casos la ley en España exige la traducción de las pruebas documentales que justifican la demanda. El no cumplimiento puede desestimar la prueba documental y poner en riesgo el proceso.