España lucha contra el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es el conjunto de procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.

A nivel internacional existe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por el G-7, para la lucha conjunta contra el blanqueo de capitales a nivel internacional. Existen además otras instituciones como Grupo de Acción Financiera o GAFI que luchan contra el blanqueo de capitales a nivel internacional.

En España, la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es el máximo responsable del desarrollo de la política preventiva y de lucha contra el blanqueo de capitales.

Con la aprobación en mayo de 2014 del Real Decreto 304/2014, queda aprobado en España el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Sujetos obligados

Esta normativa establece que los sujetos obligados a cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales son:

  • Las entidades de crédito
  • Las empresas de servicios de inversión
  • Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo
  • Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales
  • Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles
  • Los notarios y los registradores de la propiedad.
  • Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes
  • Los casinos de juego
  • Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos
  • Las personas que comercian profesionalmente con objetos de arte o antigüedades

A qué obliga la normativa

Los sujetos obligados deberán almacenar las copias de los documentos fehacientes de identificación formal en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos.

Asimismo, podrán almacenarse en esos mismos soportes las copias de los documentos acreditativos de la realización de operaciones de ingreso, retirada o traspaso de fondos desde una cuenta en una entidad de crédito y los que acrediten la orden o recepción de transferencias de fondos realizadas en entidades de pago u operaciones de cambio de moneda.

En estos casos se exceptúan los sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, tengan menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros. En estos casos se podrá optar por mantener copias físicas de los documentos de identificación, esta excepción no será aplicable a los sujetos obligados que formen parte de un grupo empresarial que exceda dichas cantidades.

Los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, tengan menos de 10 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de:

  • Documentar el análisis de riesgo
  • De tener un manual de prevención
  • De crear órganos de control interno
  • De someterse a examen externo
  • Del plan de formación del personal.

En general se flexibilizan los requisitos a cumplir por los obligados de menor tamaño, si bien eso no implica menor control ni la obligación de informar en casos de detectar conductas sospechosas.

Laura Chetail & Nicolás Melchior

Este artículo no constituye asesoramiento jurídico

Nicolás Melchior

Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Nicolás Melchior es experto en contratación mercantil, derecho de las TIC y derecho inmobiliario en España. Idiomas de trabajo: español, alemán, inglés y francés. Si desea información adicional Contacte con Nicolás Melchior