El Real Decreto-ley 26/2021 incorpora nuevas normas para abordar el tratamiento del Impuesto de la Plusvalía en España (IIVTNU). Destacan los artículos 104.5 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (que incorpora un nuevo supuesto de no sujeción a la tasa) y el artículo 107 (que establece dos nuevos métodos de cálculo para la base imponible del Impuesto de la Plusvalía, en caso de ganancia patrimonial).
Dentro de los requisitos de validez del despido se encuentra la firma de la carta por un firmante con capacidad para despedir. En la práctica, las empresas conformantes de un grupo pueden verse expuestas a demandas de impugnación de despido donde los trabajadores cuestionan la capacidad de la persona que ha firmado la carta. Los tribunales han declarado que la empresa es la única persona que puede revocar o negar que el despido ha sido adoptado por un firmante válido.
En lo que se refiere a la resolución de contratos con obligaciones recíprocas en el marco de la declaración del concurso, la normativa en España distingue entre los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por una de las partes y los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por ambas partes.
Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 32/2021 el pasado 31 de diciembre de 2021, todos los contratos se presumen indefinidos y desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado.
En España las empresas tendrán que implementar un canal de denuncias relacionadas con los comportamientos delictivos, poco éticos o irregulares por parte de la empresa, sus trabajadores, o terceros.
En derecho español no existe una solución definitiva y concluyente, ni sobre el criterio aplicable a la distribución de la suma máxima asegurada entre los perjudicados, ni sobre el procedimiento legal adecuado para su efectividad.
La comunicación del crédito por parte del acreedor extranjero debe realizarse en el plazo de un mes desde la publicación en el BOE de la declaración del concurso y debe efectuarse, por regla general, en castellano. Aunque no está obligado a ello, es recomendable que el acreedor extranjero efectúe dicha comunicación a efectos de su calificación y posterior satisfacción.
La declaración del concurso en España conlleva su consideración como “concurso principal”. Ello implica que comprende todos los bienes del deudor, independientemente de si se encuentran o no en España y que será, salvo determinadas excepciones, será aplicable la ley española.
La normativa concursal en España enumera las conductas que determinan la responsabilidad de los administradores en el concurso. Entre las consecuencias de tales conductas figuran la inhabilitación, la pérdida de derechos asociados a la posición de acreedor concursal o la condena a cubrir el déficit concursal.
Aquellas empresas extranjeras que deseen expandir su negocio en España puede optar por la creación de una filial o la apertura de de una sucursal, entre otas alternativas.
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