El aumento de capital por compensación de créditos permite reducir el riesgo de insolvencia y evitar la declaración del concurso de acreedores y supone una posible solución para las sociedades de capital con un pasivo muy elevado.
El consejo de administración puede nombrar de entre sus miembros a un consejero delegado en el que se deleguen todas las facultades permitidas por Ley. En este artículo se describe el procedimiento para su nombramiento y se detallan sus facultades con las limitaciones que establece la ley.
Mediante la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se introduce la posibilidad de celebración de juntas generales de socios o accionistas de forma exclusivamente telemática.
La Ley de Sociedades de Capital establece determinadas acciones destinadas a proteger los derechos de los socios y accionistas minoritarios con el fin de garantizar la continuidad de la empresa.
Para facilitar la operatividad financiera de las sociedades, sobre todo en grupos de empresas que operan en distintos países, es posible firmar un contrato de cash pooling. En virtud de este contrato, se produce un conjunto diario de préstamos automáticos inter-compañías que permiten optimizar la posición global del grupo, consiguiendo un único saldo por cada banco con el que se opere.
La posibilidad de designar un administrador social extranjero es una de las cuestiones más relevantes para las personas y/o empresas extranjeras con intención de desarrollar un negocio a través de una sociedad de capital en España.
Las sociedades de capital españolas están obligadas a someter a la aprobación de su Junta General las cuentas anuales y a proceder a su depósito en el Registro Mercantil. La entrada en vigor del RD 2/2021 el 1/2/2021 abre la puerta a aplicar el régimen sancionador por no hacerlo en plazo.
En España como en Francia la importancia creciente de los actores económicos alimenta el contencioso cuando los socios o administradores actúa de mala fe o de manera fraudulenta. Los delitos societarios en ambos países se rigen por regulaciones distintas.
La creciente importancia de las empresas, sus socios y administradores como actores económicos se ha traducido también en la proliferación de delitos societarios tales como la falsedad contable, la adopción de acuerdos abusivos o lesivos, o la denegación de los derechos societarios.
A la finalización del ejercicio los administradores de las empresas tienen la obligación de elaborar las cuentas anuales, convocar la junta general ordinaria para aprobarlas y depositarlas en el Registro Mercantil.
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