Regulación y permisos para la implementación de centros de datos en España

Los centros de datos, o data centers, son instalaciones que albergan equipos informáticos y electrónicos, con potencia necesaria para almacenar grandes volúmenes de información. Se trata de herramientas clave para un número creciente de empresas, que necesitan almacenar grandes cantidades de datos de forma segura y eficiente.

Regulación de los centros de datos en España

La Unión Europea ha aprobado la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética, actualmente en proceso de transposición en España. También ha aprobado el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de 14 de marzo de 2024, que establece la primera fase de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos y regula con más detalle algunos aspectos específicos para reducir su consumo energético.

En contraposición, en España no existe actualmente una regulación específica sobre los permisos necesarios para la implementación de centros de datos, lo que genera una gran incertidumbre para las empresas interesadas en desarrollar este tipo de infraestructuras.

Permisos de los centros de datos en España

En España, la tramitación de permisos y su procedimiento para la implementación de centros de datos se lleva a cabo a nivel regional y local, no estatal. Por ello, los requisitos para la obtención de permisos pueden variar notablemente según la comunidad autónoma y el municipio donde se ubique el proyecto.

La ubicación es asimismo un factor determinante en el número de permisos necesarios y en los plazos para su obtención. Entre los permisos más relevantes se encuentran:

  • Permisos de acceso y conexión. Son necesarios para conectar el centro de datos a una subestación eléctrica, dado su elevado consumo de energía. La tramitación suele realizarse a través de una compañía eléctrica, si bien dependerá de la capacidad requerida por el centro de datos.
  • Compatibilidad urbanística. La autoridad local (ayuntamiento) donde se implemente el centro de datos, debe verificar que el suelo es compatible con esta actividad. Actualmente, la normativa urbanística no está unificada, por lo que cada municipio puede tener establecer sus propios requisitos.
  • Permiso ambiental. Se tramita a nivel regional (comunidad autónoma) y varía en función de la ubicación del centro de datos. En algunos casos, la tramitación es simple, mientras que en otros puede ser más compleja (por ejemplo, si el centro de datos se ubica cerca de áreas protegidas).
  • Licencia de obras y/o actividad. La otorga la autoridad local (ayuntamiento) una vez obtenidos los permisos previos y permite iniciar la construcción y actividad del centro de datos.
  • Otros permisos y documentación. Dependiendo del proyecto, pueden ser necesarios planes de prevención de riesgos laborales, planes contra incendios u otros documentos específicos.

Dado que se trata de una materia muy novedosa y la regulación para la implementación de centros de datos está en constante evolución, cada caso puede presentar particularidades, tanto en los permisos requeridos como en la documentación exigida.

Conclusión

El crecimiento del sector de los centros de datos en España responde a la creciente demanda empresarial para el almacenamiento de información. Sin embargo, la ausencia de una regulación armonizada sobre permisos sigue suponiendo un desafío para este tipo de proyectos.

Ante la incertidumbre regulatoria en España, es imprescindible abordar la tramitación de permisos con planificación y anticipación. Contar con un asesoramiento adecuado desde las primeras fases del proyecto resulta esencial para evitar retrasos en su obtención.

En Mariscal Abogados, asesoramos en la obtención de permisos para la implementación de centros de datos en España, tanto para desarrolladores, como para inversores. Asimismo, brindamos apoyo en cuestiones contractuales derivadas del uso de estas infraestructuras por parte de empresas interesadas.

Si desea información adicional sobre la implantación de centros de datos en España,

Este artículo no constituye asesoramiento jurídico

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