En España el acceso al mundo laboral de los jóvenes viene facilitado por la modalidad del contrato en prácticas. Este contrato se engloba dentro de los contratos formativos, tiene una duración máxima es de 2 años y la retribución que estipule debe respetar unos mínimos.
Con frecuencia se cuestiona la compatibilidad de ostentar un cargo como administrador de una sociedad con una relación laboral. La concurrencia de estas dos relaciones es posible, siempre que se cumplan determinados requisitos.
Este artículo aborda las obligaciones formales que las sociedades deben cumplir para ser legales en España. Entre ellas se incluyen la inscripción en el Registro Mercantil, la conservación de las actas de juntas y reuniones o la presentación en plazo de las cuentas anuales.
La transmisión de empresas mediante compraventa de acciones permite la adquisición de una empresa en España. Evaluar correctamente la operación es clave para determinar si esta opción es la más adecuada, o resulta más conveniente recurrir a la compraventa de activos de la sociedad.
Tras la realización del correspondiente procedimiento de Due Diligence para analizar la situación contable, fiscal y legal de una empresa, es de vital importancia formalizar su compraventa a través del instrumento jurídico más adecuado de acuerdo con las características del proyecto.
Los principales instrumentos para realizar la adquisición de empresas son la compraventa de acciones y participaciones y la compraventa de activos de la sociedad. La elección de cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, y conlleva consecuencias jurídicas diferentes.
Una de las peculiaridades que existen en materia de contratación laboral en España tiene que ver con los contratos formativos, ya que existen diferentes tipos de contratos, cada uno de ellos con un régimen y una regulación distinta. Así, podemos encontrarnos con el contrato en prácticas y con el contrato para la formación y aprendizaje.
El artículo 348.bis, que reconoce el derecho del socio minoritario a separarse de la sociedad en caso de falta de reparto de dividendos, ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2017 tras suspenderse su vigencia mediante disposición transitoria en la Ley de Sociedades de Capital, aprobada el 2 de octubre de 2011.
El contenido de un contrato de distribución depende, entre otras cosas, del territorio establecido para sus efectos y de las obligaciones de exclusividad que incluya. En el caso de un contrato internacional, cuyos bienes o servicios van a comercializarse en España, los términos del acuerdo deberán ajustarse al derecho comunitario y a la regulación española.
La modificación del domicilio social ha sido tradicionalmente competencia de la Junta General. Tras varias reformas de la LSC para agilizar este tipo de trámites, la entrada en vigor del RD Ley 15/2017 proporciona una nueva redacción del art. 285 de la LSC que aclara que el traslado de la sede social será competencia del órgano de administración.
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