El fin del estado de alarma en España marca el 9 de agosto como fecha fin al trabajo a distancia vinculado a este estado. Pero la entrada en vigor del RDL 28/2020 abre la puerta a esta modalidad laboral cuyos modelos mixtos de teletrabajo cobran fuerza en las empresas que deberán sin embargo adaptar su regulación laboral a la nueva ley.
El consejo de administración puede nombrar de entre sus miembros a un consejero delegado en el que se deleguen todas las facultades permitidas por Ley. En este artículo se describe el procedimiento para su nombramiento y se detallan sus facultades con las limitaciones que establece la ley.
Mediante la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se introduce la posibilidad de celebración de juntas generales de socios o accionistas de forma exclusivamente telemática.
Para facilitar la operatividad financiera de las sociedades, sobre todo en grupos de empresas que operan en distintos países, es posible firmar un contrato de cash pooling. En virtud de este contrato, se produce un conjunto diario de préstamos automáticos inter-compañías que permiten optimizar la posición global del grupo, consiguiendo un único saldo por cada banco con el que se opere.
La posibilidad de designar un administrador social extranjero es una de las cuestiones más relevantes para las personas y/o empresas extranjeras con intención de desarrollar un negocio a través de una sociedad de capital en España.
Las sociedades de capital españolas están obligadas a someter a la aprobación de su Junta General las cuentas anuales y a proceder a su depósito en el Registro Mercantil. La entrada en vigor del RD 2/2021 el 1/2/2021 abre la puerta a aplicar el régimen sancionador por no hacerlo en plazo.
Una nueva sentencia del TJUE cuestiona la interpretación de la jurisprudencia española de la normativa comunitaria en relación al cómputo de umbrales en los despidos colectivos, también conocida como “regla del compás”.
La Circular 1/2021 de 20 de enero de la CNMC desarrolla un marco normativo cuyo objetivo primordial es facilitar el acceso a la red de los productores de energía eléctrica, incluidas las instalaciones de almacenamiento de energía. En concreto, suprime las trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de electricidad procedente de fuentes de energía renovables.
El contrato de alquiler inmobiliario con opción de compra permite el alquiler de un bien por un tiempo determinado, y otorga la facultad de compra al arrendatario a un precio previamente establecido una vez finalizado dicho plazo.
El Real Decreto-ley 23/2020 aprueba un nuevo marco en el que se especifican y contemplan una serie de hitos en el desarrollo de los proyectos energéticos en España. Destaca un mayor grado de cumplimiento y certidumbre para el mercado energético, que sin embargo implica un mayor nivel de riesgo para desarrolladores e inversores.