La cesión de créditos es un mecanismo válido y ampliamente extendido en la práctica económica-jurídica en España, por el cual un acreedor (cedente) transmite a un tercero (cesionario) un derecho de crédito que ostenta frente a una determinada persona (deudor cedido).
El derecho español ofrece garantías para préstamos, que priorizan el cobro de acreedores en caso de concurso. Las garantías reales, como la hipoteca, aseguran el cobro prioritario mediante la ejecución de bienes, optimizando la recuperación de créditos en situaciones de insolvencia.
En España, la compraventa de unidades productivas en el marco de un procedimiento concursal está sujeta a un régimen jurídico específico. La venta se plantea como un mecanismo para garantizar la continuidad de la actividad y la estabilidad laboral de los trabajadores de la sociedad en concurso. La compra supone una oportunidad interesante para inversores que deseen desarrollar una actividad económica.
La homologación judicial de un plan de reestructuración se erige como un instrumento crucial para el deudor, permitiéndole blindarse en diversos aspectos que resultan esenciales para garantizar su supervivencia.
La impugnación del listado de acreedores se refiere al proceso legal mediante el cual una parte interesada cuestiona o impugna la inclusión o exclusión de determinados acreedores en la lista presentada en un procedimiento de concurso de acreedores.
El concurso de acreedores sin masa, antes concurso exprés, es una modalidad de concurso más sencillo y rápido que el concurso ordinario para empresas en situación de insolvencia. Este procedimiento …
La entrada en vigor de la Ley 16/2022, de reforma de la Ley Concursal, el 26 de septiembre de 2022, agiliza los procesos de insolvencia en España y elimina los planes de liquidación existentes.
A pesar de que se presume que el centro de intereses de una sociedad es su domicilio social, los tribunales admiten la prueba en contrario de esta presunción por parte de los acreedores.
En España, el Gobierno ha prorrogado por tercera vez la moratoria concursal (que finalizaba el 31 de diciembre de 2021) hasta el 30 de junio de 2022. Los deudores en situación de insolvencia no tendrán la obligación legal de solicitar la declaración de concurso hasta mediados del próximo año.
En lo que se refiere a la resolución de contratos con obligaciones recíprocas en el marco de la declaración del concurso, la normativa en España distingue entre los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por una de las partes y los contratos con obligaciones recíprocas, pendientes de cumplimiento por ambas partes.
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