La Ley Concursal en España obliga a las empresas en estado de insolvencia, es decir aquellas que no pueden hacer frente a sus pagos, a solicitar la declaración del concurso de acreedores.
Durante el procedimiento concursal, se podrá abrir la “Sección Sexta” o pieza de calificación del concurso, en la que se determinará si el concurso es culpable o no, así como la responsabilidad de los administradores sociales. Analizamos si es posible atribuir esta responsabilidad a la sociedad matriz.
La Ley Concursal en España regula los aspectos básicos y los plazos en que las empresas deben solicitar el concurso de acreedores, cuando su situación no les permite hacer frente a sus obligaciones de pago.
A raíz del decreto del estado de alarma, el Gobierno de España ha aprobado a un paquete de medidas en materia laboral (mediante la facilitación de la suspensión de contratos de trabajo) y solicitud de concurso de acreedores, de forma que las empresas puedan hacer frente a su falta de liquidez.
De aplicación generalizada en las operaciones de M&A, las cláusulas MAC son un instrumento de gran utilidad dado que, por regla general, permiten al comprador desistir de la operación en caso de cambios significativos adversos que frustren el fin económico del contrato.
El martes 5 de mayo, Mariscal Abogados ha participado en el Webinar organizado por la Cámara de Comercio Alemana: El preconcurso y el concurso como salvavidas en tiempos de crisis. …
Analizamos los requisitos para la aplicación de la moratoria en el pago de la renta de arrendamientos de locales comerciales, a la luz de lo dispuesto en el RDL 15/2020 en el actual contexto de estado de alarma decretado en España.
En España, la Ley Concursal prevé la tramitación de un concurso de acreedores express para aquellas empresas que no posean bienes ni activos (o que sean de carácter residual), con el correspondiente ahorro de tiempo y costes que podría suponer la tramitación de un concurso ordinario.
Las cláusulas de fuerza mayor y rebus sic stantibus se revelan especialmente relevantes con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Estos instrumentos jurídicos permiten justificar una modificación de los términos de los contratos en circunstancias extraordinarias e imprevisibles como las actuales.
El Real Decreto-Ley 8/2020 modifica determinadas obligaciones de los administradores sociales cuando concurra causa legal o estatutaria de disolución o la sociedad se encuentre en estado de insolvencia.
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